Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Resumen de Prensa

25/04/2006

El Parlamento Europeo pide una “lista negra” de individuos y regímenes corruptos (Lavado de dinero)

 

El Parlamento Europeo adoptó el 6 de abril una resolución que solicita a la Comisión Europea aprobar medidas más severas para combatir la corrupción en países en vía de desarrollo.


La resolución, basada en un informe presentado por el parlamentario Magrietus van den Berg, pide a la comisión establecer una “lista negra” de individuos y regímenes corruptos.


El informe de Van den Berg sugiere que el Club París—un grupo de acreedores que ayuda a coordinar y encontrar soluciones para países endeudados—establezca una lista internacional para ofrecer a los bancos información, como por ejemplo si el gobierno de un país fue elegido democráticamente, para prevenir que los bancos presten grandes cantidades de dinero a regímenes corruptos.


La resolución también obliga a los 25 países miembros de la Unión Europea a ratificar las convenciones aprobadas por las Naciones Unidas y la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés).


La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que fue adoptada en 2003 y entró en vigor en septiembre del año pasado, incluye medidas para ayudar a los países a recuperar activos que fueron perdidos debido a la corrupción y pide a los países implementar legislación para reportar la transferencia de fondos entre países. Sólo Hungría y Francia habían ratificado la convención de la ONU cuando el informe fue escrito en febrero de 2006.


La Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de 1999 de la OECD, obliga a los países miembros a promulgar legislación que criminaliza el soborno de funcionarios públicos. La resolución de este mes pide que Malta, Lituania y Latvia ratifiquen la convención, que ya ha sido ratificada por todos los otros países de la Unión Europea.


Una vez que un país ratifica la convención antisoborno, la OECD tiene el poder para monitorear la implementación en determinado país, pero no cuenta con ninguna autoridad policíaca.


La Comisión Europea debe implementar formalmente la resolución para que entre en vigor, según Thomas DuDrap, vocero del Parlamento Europeo.

 



 

 


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