Resumen de Prensa
07/06/2006
Perú lucha por desarrollar mejores herramientas de investigación
de lavado (Lavado de dinero)
Las autoridades antilavado de Perú se encuentran maniatadas:
no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero
hasta que se pruebe el delito.
Ahora, están a la espera de la aprobación, antes
de julio cuando hay un recambio en el Congreso, de un proyecto de
ley busca brindarles mayores herramientas. Quieren lograr que durante
las investigaciones de blanqueo y financiación del terrorismo,
se puedan congelar los bienes del investigado.
Según las leyes vigentes en Perú, la justicia sólo
pueden congelar o incautar bienes que fueron utilizados para lavar
dinero o financiar actividades terroristas. Pero el plan busca que
los fiscales puedan solicitar el congelamiento de bienes aunque
no esté comprobado su uso para cometer delitos, y además
impedir que las personas afectadas por los procesos judiciales o
investigativos puedan salir del país.
El Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú, Carlos Hamann, explicó que el plan forma parte
de un proyecto de ley impulsado por la congresista Judith de la
Mata Fernández, que actualmente se encuentra en estudio en
varias comisiones del Congreso.
Hamann explicó que en la actualidad no hay un procedimiento
que evite que durante un proceso judicial - que puede durar semanas
o meses - la persona acusada o investigada salga del país,
realice transferencias, ventas u otras modificaciones a su propiedades.
“La demora, en estos casos, es determinante”.
“En este momento cuando se da un caso de lavado solamente
serían susceptibles de retención los elementos que
de manera muy clara están involucrados en el delito pero
no todos aquellos que pudieran al final representar las ganancias
producto del lavado de dinero en general”, señaló
Daniel Vega, jefe de imagen institucional de la unidad de inteligencia
financiera de Perú.
Según el proyecto, el juez podrá ordenar el levantamiento
del secreto bancario de la persona investigada, y una vez que reciba
los informes bancarios, podrá incautar el dinero, títulos,
valores o cualquier otro bien, o congelar e inmovilizar las cuentas,
siempre que exista fundada razón para considerar que tiene
relación con el delito investigado.
El fiscal además podrá solicitar a instituciones
públicas y privadas la remisión de información
respecto de la persona que está siendo investigada incluso
antes de que comience su juicio.
Según las autoridades peruanas, este proyecto intenta reducir
los espacios de impunidad para los criminales y responde a la necesidad
de dictar medidas eficaces para cumplir con una serie de convenios
internacionales, que firmó Perú.
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